La Asamblea Legislativa autorizó por unanimidad el jueves 26 la emisión de deuda por 2,000 millones de dólares para enfrentar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia del Coronavirus Covid-19. El acuerdo, respaldado por todos los partidos, fue negociado por tres delegados del gobierno de Nayib Bukele y tres representantes del partido Arena, cuyos 37 diputados le dan la llave en cualquier votación que requiera mayoría calificada de 56 votos, como en el caso de la emisión de deuda.
Participantes de la negociación confirmaron a El Faro que los dos puntos principales del debate fueron la conformación del comité administrador de los fondos y la solicitud de Arena de canalizar 600 millones de la ayuda a través del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), administrado principalmente por alcaldes de todos los partidos políticos.
El subjefe de fracción de Arena, Julio Fabián confirmó que la asignación para las alcaldías fue un punto medular de la negociación. En un principio, Arena solicitó 700 millones de dólares para los gobiernos locales, el 35% del nuevo endeudamiento. “Los fondos deben ser ejecutados por las alcaldías porque son quienes conocen mejor sus necesidades”, dijo Fabián. El Gobierno logró reducir la cantidad a 600 millones y garantizar que la ejecución de los 1,400 restantes corresponderá al Ejecutivo.
En las elecciones municipales de 2018, Arena conquistó 137 de los 262 municipios del país, incluidas la mayoría de cabeceras departamentales. El FMLN gobierna en 67 municipios; Gana, el partido que llevó a Bukele al poder dirige 26 comunes y el PCN 25. Las seis restantes están repartidas entre el PDC, PSD y FPS.
La reunión que permitió el acuerdo se celebró el miércoles 25 de marzo en las oficinas que la fracción de Arena tiene en el Centro Comercial Las Azaleas. Por parte del Gobierno la lideró Ernesto Castro, secretario Privado de la Presidencia, que durante la emergencia por el coronavirus se ha convertido en asiduo visitante de la Asamblea, y que estaba presente durante la votación del jueves. Le acompañaron su asesor jurídico, Javier Argueta, y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. De Arena participaron el jefe de bancada, Carlos Reyes; el actual presidente del partido, Erick Salguero; y el empresario Gerardo Steiner. La reunión a puerta cerrada empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. El resultado fue un decreto de ocho páginas al que se sumó el resto de partidos políticos.
Guadalupe Vásquez, jefe de la bancada de Gana, partido que llevó al poder a Nayib Bukele, explicó que participó en las negociaciones de un preacuerdo y confirmó que los delegados del gobierno cambiaron algunos puntos en su posterior negociación directa con Arena. “Si no afecta al Gobierno, vamos a votar”, comentó horas antes de la aprobación.
Fondos sin destino todavía
La principal interrogante sobre esta emisión de deuda, una de las mayores aprobadas desde la crisis económica mundial de 2008, es el destino específico de los fondos. Según el decreto, parte de los $1,400 millones ejecutados por el Ejecutivo servirán para crear un “Fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas” afectadas por la emergencia, y para apoyar a productores agrícolas de granos básicos y caficultura nacional. Con estos recursos debe crearse, según el decreto, un “Programa de Subsidio de Pago de Planilla de Empleados”, dirigido “a los trabajadores afectados por la declaratoria de Emergencia Nacional y Cuarentena Nacional”.
Los montos, sin embargo, aún no están definidos. Según el decreto aprobado, el destino y cantidades específicos serán definidos por el recién creado “Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica”, que fue juramentado el viernes 27 por la noche y que nace también de la negociación del Ejecutivo con el partido Arena.
Este nuevo Comité aparece en el decreto aprobado como “el administrador” de los $2,000 millones que el Ejecutivo espera recaudar mediante la emisión de deuda, y está integrado por once personas: seis funcionarios del Ejecutivo, un representante de la Asociación nacional de la Empresa Privada (ANEP), uno de la Cámara de Comercio, uno más del tanque de pensamiento Fusades, y dos de universidades privadas. Puesto que las decisiones del Comité se tomarán, según el decreto, por mayoría simple, el Ejecutivo tendrá siempre, con sus seis votos, control sobre el destino de los recursos.
El Comité estará a cargo, según el decreto, de la formulación de un Presupuesto Extraordinario en el que quedarán definidas las asignación de recursos del fondo de 1,400 millones correspondiente al Ejecutivo. Una vez definido, ese presupuesto se someterá a votación de la Asamblea Legislativa y necesitará de 56 votos, mayoría calificada, para convertirse en Ley. El Comité también construirá “la estrategia, planes y programas de la Emergencia Nacional y de la Recuperación y Reconstrucción Económica” y definirá los mecanismos de auditoría y “gestión financiera y administrativa”.
En una fotografía publicada por la Secretaría de Prensa de la Presidencia el viernes 27 aparecen los seis representantes del Gobierno: la ministra de Economía, María Luisa Hayem; el de Hacienda, Nelson Fuentes; la ministra de Turismo, Morena Valdez; el de Obras Públicas, Romeo Rodríguez; el secretario Ernesto Castro; y el recién nombrado ministro de Salud, Francisco Alabi, que como viceministro encabezó las últimas semanas la estrategia de combate al coronavirus en el país y la misma noche del viernes fue juramentado en su nuevo cargo.
Un miembro del Ejecutivo confirmó a El Faro que el secretario privado, Ernesto Castro, actuará como coordinador del Comité, aunque su función no ha sido anunciada por la Presidencia. “Es la persona de más confianza del presidente entre los seis”, explicó la fuente, que pidió no revelar su nombre para evitar polémicas con el presidente.
Del resto de integrantes, que no han sido anunciados, El Faro logró confirmar los nombres de José Ángel Quirós, director ejecutivo de Fusades y Omar Serrano, vicerrector de proyección social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Se sabe que participará una persona de la Escuela Superior de Negocios, ESEN, cuya identidad aún no ha sido confirmada. Tampoco hay aún confirmación de los representantes de la ANEP y la Cámara de Comercio.
El uso que se dará a los fondos para las alcaldías es nebuloso. Donato Vaquerano, diputado de Arena que integra la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea, cree que los alcaldes podrán ejecutar obras para la “reactivación económica local”. “Si hay una emergencia quizá se pueda ocupar ese dinero para el COVID-19”, agrega. Según Schafik Hándal, subjefe de fracción del FMLN, los fondos “serán utilizados sobre todo para el COVID-19”, pero deja la posibilidad de que también puedan ejecutarse en “comercio, agricultura o emprendimiento”. Gana, el partido oficial, se casa con otra versión: “Eso será para obras después de que pase el COVID-19”, dice Guadalupe Vásquez.
El 13 de marzo el Gobierno se reunió con los alcaldes para exponer los ejes de su plan económico para contrarrestar el impacto negativo del coronavirus. Según la versión de Arena “por eso idealmente se les pidió todas las carpetas” a los alcaldes, a fin de ejecutar el dinero en obras. Pero el FMLN asegura que esta entrega de fondos “no tiene nada que ver con las carpetas”. Handal asegura que “los alcaldes se la olieron (sic)”, en referencia a las decisiones que pudiera tomar el gobierno central, y por eso prefirieron ejecutar ellos los fondos.
Quién vigila los $2,000 millones
Otra facultad del comité es en teoría administrar el “Programa de Transferencias Monetarias”, el plan de subsidios de $300 dólares que el Ejecutivo ha anunciado para 1.5 millones de hogares afectados económicamente por la crisis del coronavirus y que, según el anuncio del presidente Bukele, debían empezar a entregarse este sábado 28 de marzo. El decreto aprobado faculta expresamente al Comité para administrar estas transferencias, pero no está claro qué participación tendrá después de que el presidente anunciara el mismo viernes en cadena nacional que sin esperar a la emisión de deuda ya había conseguido fondos, cuyo origen no explicó, para empezar a repartir ese subsidio.
Un documento de Presidencia, disponible en la página web oficial que el Ejecutivo ha lanzado para gestionar este subsidio, establece que los beneficiarios serán aquellas personas que con un consumo de entre 0 y 250 kilovatios de energía (por hora/mes) en su residencia, y aquellas personas que no están inscritas en el Seguro Social por no tener en teoría salario fijo. Según el Ejecutivo, que no ha explicado con claridad el proceso de selección de los destinatarios ni todas las formas de entrega del dinero, las personas beneficiadas que tengan cuenta en Tigo Money o en sistema bancario recibirán esta ayuda mediante un depósito en los próximos días.
Una publicación de El Diario de Hoy asegura que estos fondos provienen de la colocación de Letras del Tesoro (letes) por 472 millones de dólares en la Bolsa de Valores. El mecanismo es conocido coloquialmente como “la tarjeta de crédito”, puesto que el Gobierno no necesita pedir autorización a la Asamblea Legislativa para contraer este tipo de deuda de corto plazo. Los 472 millones se suman al saldo ya existente de 1,049 millones de dólares en letes contraído por el Gobierno hasta el 29 de febrero de 2020, según información del ministerio de Hacienda
Como complemento, la Asamblea también votó por un decreto que congela por 30 días la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que habilita al gobierno para hacer compras públicas y pagos de salarios obviando las topes de gasto que establece dicha Ley.
Tres diputados del FMLN, cuatro de Arena y uno de Gana dijeron a El Faro que el Comité, en su labor de administrador, será también el principal fiscalizador del uso que haga el Ejecutivo de los 1,400 millones que se les han adjudicado y las alcaldías de los 600 millones restantes.
Sin embargo, otro los mecanismo de transparencia incluidos en el decreto es la prohibición de que se pueda declarar bajo reserva la utilización de ese dinero. “Ninguna información relacionada a la formulación y ejecución del Presupuesto Extraordinario relacionado en esta ley, podrá declararse reservada”, dice el texto aprobado por la Asamblea. Los integrantes del Comité deberán además rendir informes mensuales a la Asamblea Legislativa sobre la implementación y ejecución de la deuda aprobada en este decreto.
Fuentes de Arena aseguran que el Ejecutivo puso resistencia en un principio a la creación de ese Comité. Uno de los participantes en la reunión de negociación lo expresa así: “Había que proponer una comisión administradora y muchas cosas más; no le podíamos dar un cheque en blanco”. Otro de los representantes de Arena asegura que la discusión sobre el Comité requirió dos de las siete horas de encerrona con el Gobierno.
El Ejecutivo había enviado a la Asamblea el 20 de marzo la solicitud de esos 2,000 millones de dólares en deuda. El mismo día, el presidente Bukele publicó una primera aproximación al destino que pretendía dar a los fondos. En su comunicado, que daba más detalles de los entregados a la Comisión de hacienda de la Asamblea, aseguraba que usaría parte de la deuda para “inyectar liquidez al Sistema Financiero' y cancelar el actual saldo de Letes de 1049 millones de dólares. En paralelo, el ministro de Hacienda aseguró en una conferencia de prensa que $50 millones servirían para apoyar a la pequeña y mediana empresa con capacitaciones y encadenamientos productivos; $80 millones se orientarán al sector agropecuario para garantizar seguridad alimentaria; y $90 millones a dinamizar la inversión pública a través de un programa de viviendas e infraestructura.
El sábado 21 de marzo, el Gobierno ordenó una cuarentena obligatoria nacional por 30 días en todo el país y envió otra propuesta a la Comisión de Hacienda, en la que solicitaba permiso para suscribir 5,000 millones de dólares en nueva deuda, no 2,000 millones. La propuesta formal seguía sin incluir destinos. Al final, la Asamblea Legislativa solo autorizó la emisión de 2,000 millones de dólares.
Según el decreto aprobado por todos los partidos, el gobierno podrá emitir títulos valores, una deuda a pagar a 40 años, o podrá negociar préstamos con organismos multilaterales o bancos comerciales, una deuda a pagar a 35 años. Esta deuda de 2,000 millones de dólares se sumará a los 19,904 millones en deuda pública que ya acumula El Salvador, según información del Banco Central de Reserva. La deuda de El Salvador pasa del 71.79 % al 79 % del Producto Interno Bruto.
